Reportaje: Protección a la infancia



Juegan, saltan, gritan y bailan, aún siendo generación millenial, la infancia en México sigue celebrando el 30 de abril. La conmemoración del llamado: “Día del Niño” tiene su origen hace más de un siglo, tras la Primera Guerra Mundial, cuando se advirtió la necesidad de garantizar una protección especial para la infancia.

 

 

En 1989, se estableció el primer tratado vinculante a nivel internacional que define a la infancia como sujeto de derechos.

“Eso implica que no son propiedad de nadie, no son propiedad del Estado, ni de sus padres, ni de cualquier otro adulto, y el interés superior de la niñez lo que establece es que el Estado tiene, junto con los padres, hacer todo lo necesario para garantizar que sus derechos sean primordiales”.
- Leonardo Mier, Oficial Nacional Protección a la Infancia, UNICEF.

Para proteger y hacer efectivos los derechos de la infancia en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido importantes resoluciones.

Como las sentencias 3, 7 y 10/2016, del Pleno, que declararon inválidas leyes fiscales en diversos estados que imponían cobros por registros extemporáneos de nacimiento.

“Esto digamos, además de que vulnera el derecho a la identidad y el principio de la gratuidad que establece este derecho, constituye un obstáculo para lograr la universalidad del derecho a la identidad y que los padres y madres o cuidadores puedan registrar a sus hijos adecuadamente”.

Según el INEGI, 98% de las personas en México están registradas, pero existen más de un millón 300 mil que no cuentan con un acta; el 60% son niñas, niños y adolescentes.

“Y la mayoría de estas personas seguramente son de las comunidades más pobres y más necesitadas que requieren del registro de nacimiento para acceder a otros derechos como la educación, la salud, los programas sociales, las becas”.

En materia de violencia contra la infancia, el Máximo Tribunal ha emitido múltiples criterios que garantizan su protección y participación como sujetos de derechos, en diferentes ámbitos.

Una tesis publicada por la Primera Sala en 2016 establece que, en atención al principio del interés superior del menor, cuando los progenitores ejerzan actos de violencia sobre los hijos, puede restringirse su convivencia.

“Un primer elemento es que la violencia más permisiva, frecuente, cotidiana, contra los niños pues ocurre en el hogar y ocurre frente a las personas que deberían ser sus principales protectores y garantes de sus derechos que son sus padres o cuidadores. Y es una violencia que está muy normalizada”.

Una Encuesta Nacional elaborada por UNICEF en 2015, señala que 63% de niñas, niños y adolescentes han tenido alguna situación de maltrato, principalmente en el hogar.

“Está mal, se supone que son sus hijos y los deben de cuidar y apoyar, no hacerles daño o perjudicarlos”.
- Sofía, 12 años.

“Eso está mal, pues a los niños tienen una larga vida por delante con aventuras y muchas cosas por delante y pues a los niños no les deben de pegar, porque son niños”.
- Tania, 10 años.

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, el 20% son niñas, niños y adolescentes.

“Nosotros creemos que al momento en que se legitima el uso de la violencia en la familia como método de crianza o como una forma de resolver los conflictos estamos, digamos autorizando o avalando que la violencia es una forma de convivencia social aceptada”.
- Leonardo Mier, Oficial Nacional Protección a la Infancia, UNICEF.

Otra sentencia relevante emitida recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la de octubre de 2018, en donde la Segunda Sala estableció que la exclusión de alumnos con discapacidad del sistema educativo general es discriminatoria y por tanto, inconstitucional.

“El impacto es directamente sobre los niños con discapacidad y sus familias que muchas veces ven puertas cerradas cuando tratan de acceder a una escuela regular…O más que ser una inclusión es una inserción, los niños están en las escuelas pero no tienen precisamente una participación activa, un logro, una educación de calidad”.
- Adriana Martínez Zulueta, Jefa de Educación Inclusiva, CENDI, SCJN.

El Centro de Desarrollo Infantil: “Artículo 123” de la Suprema Corte, implementó desde hace cuatro años un sistema de educación inclusivo.

“Hacemos diferentes estrategias para lograr sobre todo la parte de la inclusión social, damos parte de capacitación y sensibilización tanto a las maestras de grupo, a los maestros de talleres, trabajamos mucho con la comunidad escolar precisamente para trabajar esta sensibilización y promover el respeto a la diversidad”.

El Oficial de UNICEF advirtió que en todos los temas que competen a la infancia, el reto es vigilar que las sentencias del Poder Judicial que incidieron en la implementación de políticas públicas realmente se cumplan.

“Creo que necesitamos sentencias de la Corte que apunten hacia la omisión de políticas públicas para el cumplimiento de la legislación y de los estándares establecidos en las leyes”.
- Leonardo Mier, Oficial Nacional Protección a la Infancia, UNICEF.

 

Con información de Lorena Sánchez Cabrera
@LoreSan_12