Las Salas de la SCJN resolvieron asuntos relacionados con la Guardería ABC, el caso Ayotzinapa, tortura y personas con discapacidad



La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ejerció su facultad de atracción sobre un asunto relativo a las medidas que se deben otorgar a un integrante del equipo de fútbol “Avispones de Chilpancingo” para que se le reparen los daños por los acontecimientos que dieron lugar a la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

 

 

La Comisión Nacional de Víctimas dictó una resolución en la que emitió un plan de reparación; las víctimas promovieron amparo en contra esas medidas por considerarlas insuficientes.

La Sala atrajo el caso, pues podría fijar un criterio que resuelva cómo se satisface la reparación integral del daño de las víctimas, cómo se deben compensar los daños morales sufridos en estos casos y qué lineamientos deben seguirse para garantizar la integridad física y psicológica de las víctimas, entre otras cuestiones.

Esta Sala también atrajo dos amparos relativos al caso  de la Guardería ABC que provocó la muerte de 49 niñas y niños.

Por estos hechos 19 personas fueron sentenciadas por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

La Sala determinó que el asunto cumple los requisitos de interés y trascendencia para su atracción, porque su análisis permitiría:

Examinar la validez de la sentencia, en especial en la parte en que se declaró la inconvencionalidad del artículo 64 del Código Penal Federal y, por ende, se inaplicó  la porción normativa que prevé la regla para sancionar el concurso ideal de delitos.

Evaluar si las condenas impuestas cumplen los estándares respecto a la reparación integral del daño causado a las víctimas de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Así como, analizar si la decisión de postergar su cuantificación a través de un incidente de inejecución es compatible con el derecho de acceso efectivo a la justicia, en su vertiente de justicia pronta.

En otro asunto, esta Sala determinó que la prescripción es inadmisible e inaplicable si se trata de tortura, con independencia del momento en que se haya cometido el delito.

Al resolver un amparo en revisión, subrayó que esta interpretación no compromete el análisis de otras obligaciones internacionales, que en todo caso ameritan un estudio individual.

Por otra parte, declaró inválido el segundo párrafo del artículo 294 del abrogado Código Familiar de Michoacán lo que implica que la acción para reclamar el pago de una pensión alimenticia no debe considerarse sujeta al plazo prescriptivo de un año.

Recordó su doctrina en torno a que todas las formas de familia son tuteladas por el artículo 4 de la Constitución, lo que implica un tratamiento igual para las personas que disuelven un vínculo de concubinato.

La Segunda Sala de la Corte determinó que de acuerdo con el derecho a la educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, deben integrarse al Sistema Educativo general u ordinario sin excepciones, por lo que cualquier exclusión resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional.

Al resolver un amparo en revisión, los ministros se pronunciaron respecto de la validez de los artículos 33, fracción IV bis y 41, de la Ley General de Educación, así como el artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que se refieren a la “educación especial”.

En otro asunto, la Segunda Sala amparó a la Universidad Autónoma de Hidalgo contra las reformas a su Ley Orgánica aprobadas como parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

Esto, por considerar que la forma en que se implementó la revisión de los recursos públicos de esa casa de estudios excedió los fines del propio sistema, al prever que sean vigiladas, evaluadas y confirmadas las funciones sustantivas y adjetivas de la institución, en perjuicio de su autonomía.

La Sala subrayó que la resolución no implica que las universidades estén fuera del Sistema Nacional Anticorrupción, o que no puedan ser auditadas, sino que la autonomía universitaria y la implementación del  sistema deben convivir armónicamente.

 

Con información de Mario López Peña
@elogiodeljabon