La Segunda Sala estableció un criterio en torno a la presentación de las declaraciones: patrimonial y de conflicto de intereses



Todos los servidores públicos están obligados a presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de interés, por mandato constitucional.

 

 

Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir una tesis aislada en materia constitucional y administrativa.

El criterio señala que conforme al último párrafo del artículo 108 constitucional, los servidores públicos deben presentar dichas declaraciones ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley.

A su vez, los artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas disponen que todos los funcionarios están obligados a hacerlo ante las secretarías o el respectivo órgano de control.

También estableció que el Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2015, se rige por los principios de legalidad, honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficacia, y busca promover la integridad y la obligación de rendir cuentas.

La tesis aislada indica que no puede considerarse que aquellos que estaban en activo antes de la reforma constitucional que introdujo el Sistema Nacional Anticorrupción y que por ley no estaban obligados a presentarlas, hayan adquirido el derecho a no hacerlo.

Esto porque el deber que ahora han de cumplir deriva del artículo 108 de la Carta Magna, justamente porque las normas constitucionales, como creadoras de un sistema jurídico, tienen la capacidad de regular y modificar actos o situaciones ya existentes, como aconteció en este caso en beneficio de la sociedad.

 

Con información de Juan Carlos González
@JUANCA72CJ