La SCJN declaró la validez del Art. 57 fracciones I y II de la Ley General contra la Trata de Personas



El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la validez del artículo 57 fracciones I y II de la Ley General contra la Trata de Personas.

 

 

La fracción I establece la facultad del Ministerio Público de solicitar la intervención de comunicaciones en términos de la normativa aplicable.

La segunda, establece la facultad ministerial de solicitar información a las empresas telefónicas, según la legislación aplicable.

Al resolver la acción 39/2012, se desestimó el recurso, por no alcanzar la mayoría necesaria para invalidar o validar la norma, respecto del artículo 47 fracción II.

Establece que, de manera excepcional, los sentenciados por delitos de trata, podrán acceder a beneficios de reducción de la pena, si:

Colaboran con datos para investigar a personas que han cometido esos delitos y además aceptan que se les coloque un dispositivo de localización por el tiempo restante de la pena de prisión.

El proyecto proponía validarlo por interpretación conforme.

“Según la cual, el juzgador, debe ponderar las particularidades del caso para que si el solicitante comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de la operación y mantenimiento al referido dispositivo… se concluye que existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago”.
- Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN, Ponente.

“Obligar al solicitante de un beneficio penitenciario a asumir el costo y mantenimiento del dispositivo de localización, como lo exige la norma impugnada, implica imponerle una carga excesiva para alguien que pueda gozar del beneficio”.
- Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

También desestimó la acción respecto del artículo 57 fracción III que dispone la facultad ministerial de autorizar el seguimiento de personas por un mes, prorrogable a seis meses en los términos legales. El proyecto proponía invalidarlo.

“No es que lo quieran seguir nada más porque sí, es porque la investigación está arrojando datos necesarios que hacen necesario también el seguimiento de la persona”.
- Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra SCJN.

“Lo que cuestiona el proyecto es, ante una situación donde no existe urgencia, si un seguimiento de 1 mes, de 2, de 3, de 4 o hasta de 6 meses requiere orden judicial”.
- Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN, Ponente.

“Podría establecerse la validez de esta norma siempre y cuando se vincule con el Código Nacional de Procedimientos Penales que es el que regula las técnicas de investigación en general y el que establece en cuáles se requiere de autorización judicial previa y en cuales no”.
- Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

 

Con información de Mario López Peña
@elogiodeljabon