El Pleno de la Corte inició el estudio de constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos



El Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazó que haya interés personal de sus integrantes al resolver las acciones promovidas contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos.

 

 

Esto al definir que, por regla general, no hay posibilidad de plantear impedimentos para que los ministros resuelvan acciones de inconstitucionalidad.

Todo, en respuesta al planteamiento en la acción del Senado, de que los ministros estarían impedidos para resolver el asunto.

“Ninguno de los que integramos este Tribunal Pleno tenemos un interés personal ni en éste ni en ningún otro asunto en donde se impugne normas de carácter general que eventualmente podamos ser destinatarios. Ya se ha dicho aquí ¿Cuántas veces hemos resuelto asuntos en materia tributaria? Y en muchas ocasiones los criterios del Pleno y de las Salas han sido resultado de algo que al final va a incidir negativamente en el patrimonio de quienes integramos este Tribual”.
- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente SCJN.

“El estudio correspondiente en este tipo de medios de control constitucional debe hacerse contrastando las normas impugnadas con la Constitución General de la República, desatendiendo, incluso, las afectaciones a personas en concreto, ya que este tipo especial de control constitucional, no es una vía para deducir derechos personales”.
- Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

En la primera sesión de estudio de las acciones promovidas por la CNDH y una minoría del Senado contra reformas a esa Ley Federal, el Pleno avanzó al apartado de causales de improcedencia.

El Ministro Presidente se pronunció por sobreseer las acciones pues, dijo, dejaron de tener efectos los artículos que se impugnaron.

Las ministras Yasmín Esquivel y Norma Piña se pronunciaron en el mismo sentido.

Las acciones se promovieron contra el decreto del cinco de noviembre de 2018 que reformó la Ley Federal de Remuneraciones.

Sin embargo, el 12 de abril pasado hubo un decreto que modificó 15 de los 17 artículos que fueron reformados en noviembre.

“Si todo el sistema fue modificado, debe concluirse que cesaron los efectos de la totalidad del decreto impugnado por lo que debe sobreseerse respecto a las acciones intentadas… ¿Cuál sería el sentido de analizar las omisiones legislativas que constituyen la columna vertebral de la impugnación en estas acciones respecto de un ordenamiento del que, únicamente, siguen vigentes dos de sus preceptos originales?”.
- Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente SCJN.

“En términos porcentuales sólo subsiste sin reformas o modificación menos del 12% del texto original de la ley reclamada, y a ello habría que sumar que también se adicionó un artículo 7 Bis”.
- Yasmín Esquivel Mossa, Ministra SCJN.

“Porque constituye un sistema normativo cuyos efectos han cesado debido a una reforma posterior”.
- Norma Lucía Piña Hernández, Ministra SCJN.

De alcanzar tres votos más, las acciones serían desestimadas por actualizarse una causal de improcedencia por cesación de efectos.

El estudio de este asunto continuará la sesión pública de este martes.

 

Con información de Mario López Peña
@elogiodeljabon