El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, presentó una controversia constitucional ante la SCJN contra la Ley de Seguridad Interior



El Gobierno de Chihuahua presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia contra la Ley de Seguridad Interior.

 

 

Exige la invalidez de la norma en su totalidad por considerar inconstitucional la definición de seguridad interior que contiene.

“Es una definición ambigua y que permite por esa ambigüedad trastocar valores y principios en el país, porque es invasiva de las competencias y facultades de municipios y entidades federativa”.
- Javier Corral, Gobernador de Chihuahua.

El Gobernador de ese Estado detalló que los artículos ponen en riesgo el sistema de derechos humanos, la democracia, así como la autonomía presupuestal de las entidades.

“Aquí no se trata de desconocer en modo alguno la participación y colaboración que las Fuerzas Armadas han tenido en la crisis de inseguridad que vive México, también lo hacemos por el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas”.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite las controversias constitucionales promovidas por ocho municipios contra la Ley de Seguridad Interior.

Los municipios de Nezahualcóyotl, Ocuilan y Cocotitlán, del Estado de México; Oxkutzcab, Tepakán y Hoctún, de Yucatán; y Ahuacatlán y Tepeyahualco, de Puebla presentaron los recursos con el argumento de que la norma invade su esfera competencial en materia de seguridad pública.

A estas controversias admitidas a trámite, se suman las presentadas por los municipios de Cholula, Puebla, y Parral, Chihuahua.

A la fecha, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, instructor del asunto, ha admitido a trámite, además de las controversias referidas, las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la Ley de Seguridad Interior por diputados, senadores, la CNDH y el INAI.

Mientras que han sido desechadas por improcedentes las controversias que promovieron, respectivamente, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Así como las acciones promovidas contra la misma ley por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y el partido político Movimiento Ciudadano.

 

Con información de Mario López Peña
@elogiodeljabon