La SCJN reiteró que los congresos estatales no están facultados para regular la propaganda gubernamental



El Pleno de la Suprema Corte de Justicia culminó el análisis y resolvió cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por Movimiento Ciudadano, PT y MORENA, así como por la CNDH contra normas de la Constitución y de la Ley Electoral de Chihuahua.

 

 

Esto, ante el inicio del proceso electoral el uno de diciembre próximo.

En esta sesión declaró la invalidez del artículo 116, numeral 4 de esa Ley Electoral referente a propaganda gubernamental.

“Regula el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal y 197 de la propia Constitución local, pues trata sobre la difusión en medios de comunicación social del informe de labores o gestión de los servidores públicos para que no sean considerados como propaganda contrario a lo que establecen tales preceptos, lo cual es inconstitucional”.
- Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN, Ponente.

Por mayoría de votos, validó que esa ley califique como falta grave el presentarse de forma reiterada al desempeño de sus labores bajo el influjo de alcohol, tóxicos, narcóticos o enervantes.

“Corresponde, precisamente, al legislador local determinar si la conducta que ahí describe se debe calificar anticipadamente de grave o no, buscando que esto simple y sencillamente quede relacionado con la libre ponderación que sobre el efecto haga, sin que por ello queden limitadas las facultades para, incluso, llegar a un cese”.

En suma al resolver estas acciones además del tema de propaganda electoral, el Pleno declaró inválida, por considerarla inequitativa, la obligación establecida en la Constitución estatal para presidentes municipales y síndicos que busquen la reelección, de separarse del cargo al menos un día antes de iniciar el periodo de campaña.

Invalidó la posibilidad de que los partidos políticos solicitaran copia de las manifestaciones de apoyo a candidatos independientes por resultar violatorio del derecho a la protección de datos personales, pues la verificación de los apoyos sólo compete a las autoridades electorales.

Y declaró inconstitucional la facultad dada al Consejero Presidente del Instituto Electoral local para remover al Secretario Ejecutivo del Instituto.

 

Con información de Mario López Peña
@elogiodeljabon