Inicia Suprema Corte estudio de disposiciones para publicitar las declaraciones patrimonial y de conflicto de intereses



El Pleno de la Suprema Corte de Justicia inició el estudio de una acción promovida por legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por la que exigen la invalidez de cuatro artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

 

Entre ellos, piden que se expulse del orden jurídico nacional el artículo 29 de esa ley que establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad afecte la vida privada o datos personales, pues atentaría contra la intención de la reforma constitucional anticorrupción.

Así como los artículos 34 párrafo tercero, 48 párrafo primero de la misma Ley General y sexto párrafo del tercero transitorio del decreto por el que se expidió, relativos a que la instancia encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción emitirá los formatos que garanticen la protección de esos derechos, además de emitir las normas y los formatos bajo los que se deberán presentar las declaraciones.

De acuerdo con el Ministro ponente, los artículos son válidos, pues no atentan contra la publicidad de las declaraciones. También argumentó que no violan el principio de reserva de ley.

“Si bien la expectativa de privacidad de un servidor público disminuye, la misma no desaparece y si bien el interés público hace que la necesidad de escrutinio sea mayor, esto no elimina completamente la esfera privada del servidor, en particular con aquella información no necesaria para lograr las finalidades apuntadas y que puede poner en peligro la vida o integridad del propio servidor público… este comité debe seguir la remisión del propio artículo 29 impugnado al 6o. de la Constitución, y la que éste, a su vez, hace a los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para determinar qué información de la contenida en estas declaraciones es la que debe mantenerse reservada o resulta confidencial”.
- José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Quien ahora es la autoridad competente por determinación del legislador en función de la delegación que ha recibido del Constituyente, tendrá que ceñirse estrictamente a la protección de datos personales y también de aquella información que resulte disponible, porque precisamente responde a los principios de protección que todos los particulares tenemos en este país”.
- Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Quienes están en contra, advirtieron que delegar al Comité Coordinador la tarea de determinar qué información de las declaraciones debe de ser pública y cuál privada, así como la emisión de las normas sobre los formatos para presentarlas, atenta contra el principio de división de poderes y contra el principio de reserva de ley.

“Éste sería el primer caso en el cual esta Corte reconociera la posibilidad constitucional de que un sistema nacional pueda, a través de un órgano de coordinación, producir normas generales y, con ello, introducir una nueva fuente jurídica en el orden jurídico nacional”.
- Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

“No sería factible que una ley a la que se le ha hecho esta delegación para poder establecer cuál es la forma en que se deba rendir esa declaración patrimonial, a su vez, haga una delegación ahora a un Comité Coordinador con la propuesta de un Comité de Participación Ciudadana”.
- Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

El análisis de esta acción continuará en la sesión pública de este martes.

 

Con información de Mario López Peña
@elogiodeljabon