El INE está facultado para sancionar irregularidades detectadas en informe de gastos distinto al fiscalizado: TEPJF



El Tribunal Electoral determinó que el Consejo General del INE sí está facultado para sancionar irregularidades detectadas en un informe distinto al fiscalizado.

 

 

Lo anterior al resolver una contradicción de criterios entre salas regionales.

El asunto se deriva de la sanción que impuso el INE a los sujetos obligados por reportar en un informe de ingresos y egresos ordinarios, gastos de campaña que debieron registrar en otro tipo de informe.

Pues considerar lo contrario, implicaría permitir a los sujetos obligados, omitir reportar gastos e ingresos, obstaculizando la facultad de fiscalización de la autoridad.

“Y este criterio que se propone va en esta perspectiva, de hacer eficaz la capacidad institucional en ambas vertientes, tanto de monitoreo como de sanción del Instituto Nacional Electoral”.
- Reyes Rodríguez Mondragón, Magdo. Sala Superior del TEPJF.

“Si se detecta, por estarse reportando como gasto ordinario un gasto que debió ser reportado en campaña y que, por lo tanto, en esa etapa no se reportó ni se fiscalizó, yo creo que sí puede, en esta revisión del gasto ordinario, detectarse la falta, imponerse la sanción que se debe”.
- Indalfer Infante González, Magdo. Sala Superior del TEPJF.

“Si finalmente concebimos la fiscalización, como lo que es, es decir, que se funda en el principio de rendición de cuentas que tienen, al que están sujetos los partidos políticos como entidades de interés público y que tienen que justificar en qué, cómo y cuándo gastan dinero que proviene del presupuesto público”.
- Janine Madeline Otálora Malassis, Magda. Presidenta Sala Superior TEPJF.

Indicaron que con ello se fortalecen las facultades de fiscalización del INE y se evita que los partidos políticos evadan la ley.

En otro asunto, la Sala Superior revocó una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México que declaró infundado un recurso en el que MORENA acusó a la candidata independiente a la gubernatura de esa entidad María Teresa Castell por calumnia.

La decisión se adoptó porque la candidata independiente reconoció haber contratado la difusión de publicidad en 600 unidades del servicio público de transporte.

Lo que se deberá analizar para determinar si su difusión constituye algún tipo de infracción a la normatividad electoral.

 

Con información de José Luis Guerra García