Constitucionales disposiciones que regulan difusión de declaraciones patrimonial y de conflicto de intereses



Por votación de 6 a 4, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la validez del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad afecte la vida privada o datos personales, y que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emitirá los formatos para garantizar esos derechos.

 

 

En la segunda sesión de análisis sobre este asunto, también declaró la validez de los artículos 34 párrafo tercero, 48 párrafo primero de la misma Ley General y sexto párrafo del tercero transitorio del decreto por el que se expidió, relativos a que la instancia coordinadora emitirá los formatos que garanticen la protección de esos derechos, así como las normas y los formatos bajo los que se deberán presentar las declaraciones.

“La racionalidad de un sistema de combate a la corrupción, no pasa por el conocimiento de datos íntimos y personalísimos del servidor público, sino el tener la posibilidad de contrastar de forma objetiva su evolución patrimonial en relación con los cargos públicos que ocupan, lo anterior no evita que en su momento, la información solicitada en los formatos al no ser entregada por los servidores públicos o hecha pública, al no respetar los límites constitucionales y privacidad y, por ende, se puede reclamar su inconstitucionalidad en el caso concreto de aplicación”.
- Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.

“Al establecer que será el Comité Coordinador a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, quien emitirá los formatos respectivos garantizando los rubros que pudieran afectar la vida privada y los datos personales de los servidores públicos, no vulnera el principio de reserva de ley, pues en este equilibrio, que debe encontrarse entre la garantía en favor de los gobernados y el límite natural de las facultades del Legislador, advierto que en el caso, el precepto establece un núcleo normativo suficiente y acorde con los principios establecidos en nuestra Constitución”.
- Norma Lucía Piña, Ministra SCJN.

Quienes estuvieron en contra sostenían que las disposiciones atentan contra el principio de reserva de ley.

“El artículo 29, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contrario a lo que se propone sí viola el principio constitucional de reserva de ley… la Constitución es clara en determinar que será el Legislador –y este caso el Legislador federal– y no otro órgano, cualquiera que sea su naturaleza, el competente para establecer los parámetros sobre los cuales se emitirán los formatos de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, no necesariamente el formato, pero sí los parámetros específicos que den certeza a la forma y contenido que tendrán dichos formatos”.
- Luís María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

En otro tema, en esta sesión pública se avanzó en la resolución de dos incidentes de inejecución de sentencia, uno en el que están involucrados servidores públicos del Municipio de Nacajuca, Tabasco.

Y quedó en lista para el análisis de documentación enviada a la Corte, un incidente en el que está involucrado el titular de la Delegación Venustiano Carranza.

 

Con información de Mario López Peña
@elogiodeljabon