Afirman que el caso Mariana Lima permitió a la SCJN fijar parámetros para sancionar la violencia en contra de las mujeres



La sentencia de amparo que emitió la Suprema Corte para tipificar como feminicidio la muerte de Mariana Lima, ha sido uno de los máximos precedentes para la consolidación del Estado de derecho, pues fijó los parámetros que deben seguir los operadores jurídicos para atender las agresiones a las mujeres.

 

 

“Gracias a que la sentencia fue así de ambiciosa y que colocó estándares internacionales y ordenó en las reparaciones un montón de acciones que no se habían podido tener en un amparo normal”.
- Roberto Lara Chagoyán, Director CEC, SCJN.

Como parte de los Diálogos Constitucionales que se realizaron en la Universidad Intercontinental, el Director del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, Roberto Lara Chagoyán, explicó que en este caso la Corte utilizó el andamiaje jurídico de derechos humanos nacional e internacional, superando los aspectos técnicos del juicio de amparo.

“Esta sentencia se considera paradigmática porque no se vio solamente como una cuestión técnica de amparo, sino como una cuestión de derechos humanos, la Corte se tornó como una especie de ombudsman por decirlo así, recogió todos los datos, reconstruyó toda la narrativa de los hechos, lo que no se hace en los amparos casi nunca y entonces puso una película completa, uno de los 5 ministros voto en contra, el ministro Pardo, porque él considera que el amparo no da para tanto, pero sin embargo, lo hizo”.

Explicó que ante el contexto en México de violaciones a derechos humanos es prioritario que desde el ámbito jurídico se adopte una visión coherente y menos conservadora, en ocasiones alejada de la realidad.

“El jurista de hoy, el jurista, el juez, Ministerio Publico, abogado defensor, cualquier operador jurídico que participe en la resolución de un caso real tienen que pensar que el derecho, está pensado como un elemento técnico, pero también conectado a una idea de un fin. Para poder resolver los casos concretos de la mejor manera posible que podría hacerse con lo que tenemos al alcance del derecho vigente”.

A lo anterior agregó que la falta de preparación de los operadores jurídicos es una barrera para realizar investigaciones de calidad y por tanto, para el correcto funcionamiento del amplio marco jurídico con el que cuenta el país para sancionar el feminicidio.

 

Con información de Laura K. Murillo Ramírez
@27_fergie